Barcelona necesita las VTC: tiene 500 taxis menos que en 1994 pero más del doble de actividad turística

La Barcelona de Ada Colau es la ciudad que con más severidad ha perseguido la actividad de los vehículos VTC. Sin embargo, la ciudad condal cuenta con una afluencia de turistas a la que le gustaría moverse en este tipo de transporte… sin que nadie satisfaga esa demanda. Según datos del INE, en el año 1994, Barcelona y su área metropolitana contaban con, aproximadamente, 11.144 taxis. Expertos en movilidad consultados por OKDIARIO afirman que ya en los años 80 el número era similar. Hoy por hoy, las licencias de taxi activas en esta ciudad llegan a 10.521. Por contra, el turismo ha más que duplicado su actividad.

La ciudad de Barcelona registró más de 10 millones de pernoctaciones en el año 2005, primer ejercicio del que constan datos de este tipo disponibles. En 2022 este indicador llegó a casi 20 millones. Por su lado, en la provincia de Barcelona se alcanzaron 18,5 millones de pernoctaciones en 2005 y casi 31 millones el pasado año, lo que supone el 9% del total de toda España. Para 2023 las cifras que se estiman desde el sector del turismo son aún mejores.

Cabe esperar que la actividad turística de Barcelona fuese menor en 1980, tres años después de la celebración de las primeras elecciones libres, que en 2005, cuando el desarrollo económico en Cataluña era mucho mayor y cuando España era ya un país totalmente consolidado en la Unión Europea y además dentro del euro.

Imposible en Sants

En la actualidad, llegar en tren a la estación de Sants y esperar media hora o más para tomar un taxi es una de las escenas más cotidianas en la ciudad catalana. En este caso, pedir un servicio de Bolt, Cabify o Uber tampoco resulta buena idea por la poca cantidad de vehículos que operan en esta urbe: puede llevar hasta 20 minutos obtener respuesta de un conductor.

Hoy en día operan en Barcelona 300 licencias VTC, a pesar de que anteriormente se concedieron 1.500. La causa se encuentra en la aplicación del decreto de la Generalitat de Cataluña que llevó a cabo el Gobierno local previo, en manos de Ada Colau. Mediante esta ley, se imponían condiciones draconianas para todos los conductores VTC, como una longitud mínima en los vehículos de 4,90 metros, y poseer la etiqueta eco o cero, lo que obliga a tener un coche híbrido o uno eléctrico. Sólo un puñado de coches en el mercado cumplen con estos requisitos.

Estas condiciones arruinaron, por lo tanto, a multitud de autónomos y pequeñas empresas que habían invertido importantes sumas de dinero en comprar un vehículo para operar con una VTC.

Sánchez blinda el taxi

El Gobierno, sin embargo, se obceca con esta cuestión y no da su brazo a torcer: presentó el martes tras el Consejo de Ministros un decreto por el que eleva al taxi a la categoría de servicio público. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, blinda de esta forma a uno de sus sectores protegidos en detrimento de las VTC y en contra de la sentencia emitida el 8 de junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la cual se impide la discriminación entre estos sectores para proteger al taxi. Asimismo, esta sentencia europea tumbó la restricción que establecía que sólo podía existir una licencia VTC por cada 30 taxis.

Europa, la salvación

Por su parte, el sector VTC se ha revuelto contra este decreto del Gobierno: las patronales mayoritarias entre los conductores VTC, Unauto y Feneval aseguraron el miércoles pasado en un comunicado conjunto que acudirían a las instituciones europeas tras estudiarlo: «Esta regulación contraviene la sentencia del TJUE, y solicitaremos que la Comisión Europea abra un procedimiento contra el Gobierno de España».

Cabify y Bolt, dos de las plataformas mayoritarias, emitieron también sus respuestas la pasada semana. La compañía española lamentó la «oportunidad perdida» por el Gobierno para impulsar la movilidad sostenible en España. La empresa criticó el «parche» regulatorio aprobado en el Consejo de Ministros, contrario al pronunciamiento del TJUE. Bolt, por su parte, ha señalado que el Gobierno «ha vuelto a discriminar entre modos de movilidad, en vez de priorizar los derechos de la ciudadanía a elegir libremente» y ha advertido que estas medidas «ahondarán en la judicialización del sector», así como en la «incertidumbre y fragmentación normativa», lo que cree que «pondrá en juego la sostenibilidad de miles de autónomos y pymes del sector».

Por qué hay menos taxis

En los años 90, hubo un proceso de reestructuración del taxi en Barcelona, lo que explica el no crecimiento del número de licencias activas: se superaba el número de taxis por habitante aconsejable, según el baremo establecido a nivel nacional. «Se inició un proceso de amortización de licencias», según explican desde el sector: los taxistas barceloneses juntaron dinero en un fondo que se empleó para comprar las licencias de todos aquellos taxistas que se jubilaban o que querían abandonar la profesión. Esta reestructuración redundó en más negocio y mayor facturación para los taxistas.

Antaxi, la patronal mayoritaria entre los taxistas, representa la parte ganadora tras el decreto del Gobierno: “La administración está para resolver problemas. Y esto es un problema. El decreto aportará garantías y seguridad jurídica. Ahora estamos más armados y tenemos más de nuestro lado para plantar cara a estas plataformas”. El nuevo enfrentamiento judicial entre ambos sectores está ya a la vista.